El martes 20 de diciembre, a partir de las 11:00, se celebra en el estadio Vicente Calderón la Junta Ordinaria de accionistas del Club Atlético de Madrid, SAD. ASdH asistirá a la misma representando la cuarta mayoría accionarial tras las de la familia Gil, Sr. Cerezo y Sr. Abasolo.
Al finalizar la misma, en el mismo estadio, atenderemos cuantas preguntas deseen formularnos sobre su desarrollo, que se espera muy tenso a la vista de la crítica situación de las cuentas y la decepción deportiva consecuencia de la pésima gestión realizada durante estos años. Pueden localizarnos en los teléfonos aportados.
ASdH vota en contra de la formulación de cuentas y del resto de puntos del orden del día, pues consideramos que LA CONTABILIDAD NO REFLEJA LA IMAGEN FIEL DE LA ENTIDAD y todos LOS ACTOS SOCIETARIOS ESTÁN VICIADOS POR "PATENTE FRAUDE DE LEY" en los diferentes procesos de suscripción del capital de la SAD, según cabe deducir de la sentencia de la Audiencia Provincial dictada esta pasada primavera. .
Además les informamos de las siguientes cuestiones:
Los dirigentes del club han subastado algunas acciones de las ampliaciones de 2003 y 2004: 5560 acciones que no fueron completamente desembolsadas, luego estarían en mora. Desconocemos los adjudicatarios, ni la intención perseguida por los gestores del Club, pues en idéntica circunstancia se encuentran todas las acciones de la transformación en SAD de 1992, de las que se apropiaron indebidamente y sin embargo no han salido a subasta. Quizás pueden suponer algún obstáculo en su estrategia legal de oponerse a la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial.
Respecto a las cuentas cabe destacar que se ha incrementado el pasivo en 65.236.639,30 euros a pesar de vender prácticamente a todo el equipo ganador de la Europa League y Supercopa, aunque sólo se anotan el 50% de las plusvalías por traspasos, el resto se presupuesta para el siguiente ejercicio. En gran parte, este aumento del pasivo se debe a las sentencias sobre las actas de inspección de Hacienda que desbordaron las provisiones, más el desequilibrio entre ingresos y gastos habitual. Además siguen sin provisionar las pérdidas que supondrán los casi 300 millones que se han acordado invertir en el nuevo estadio y en la Ciudad Deportiva. Salvo que la pretensión sea tomar dichas instalaciones en cesión, lo cual da una idea de la situación patrimonial: el pasivo exigible sería de 800 millones de euros. Tampoco se provisiona el coste real del soterramiento de la M-30 a su paso por el Vicente Calderón, cifrado en su momento en 130 millones de euros.
Los ingresos por actividad deportiva han caído en 28.233.340,66 euros, es decir, un 23%; consecuencia de la no clasificación en la Champions League. Y a lo largo del presente ejercicio tiene que impactar aún más en la cuenta de resultados, la pérdida de patrocinadores y público.
También se dan por cumplidas todas las condiciones suspensivas del acuerdo con FCC, considerando que son exigibles los cumplimientos derivados del mismo y que entendemos se concretan en construir la Peineta y materializar las plusvalías del Calderón (el contencioso administrativo interpuesto en oposición al ámbito Calderón-Mahou ha quedado visto para señalamiento y fallo). FCC, sociedad cotizada de la que también es accionista ASdH, no se ha pronunciado al respecto tras requerírselo.
El Consejo de Administración del Atlético de Madrid intenta de de forma burda ratificar los acuerdos de la Junta de 2003 que fueron anulados por la sentencia de la Audiencia Provincial (cuyo recurso sigue aún pendiente de admisión a trámite por el Tribunal Supremo) y que también afecta al patrimonio de PROMOCIONES FUTBOLÍSTICAS, pues parte de la deuda por derivada de la condena penal a Miguel Ángel Gil Marín por la conocida como “estafa de los negritos” fue canjeada por acciones.
También pretenden modificar los estatutos. En el artículo 31 que afecta a las remuneraciones de los Consejeros, el nuevo tenor literal dice: "El cargo de Consejero es gratuito. No obstante lo anterior, el Consejo de Administración podrá acordar establecer o modificar cualquier clase de contrato que regule la relación de prestación de servicios o de obra entre la Sociedad y uno o varios de sus Consejeros". D. Miguel Ángel Gil Marín se autoretribuye con más de 1 millón de euros anuales, a pesar de la aún vigente prohibición legal. El hecho de adoptar esta medida es fiel reflejo de que tanto él, como el resto de los consejeros, conocen que esa retribución es totalmente ilícita y podría suponer un presunto delito societario.