A mediodía de ayer, se celebró en el estadio Vicente Calderón la Junta Extraordinaria de Accionistas del Atlético de Madrid, convocada por el Consejo de Administración del club al objeto de ejecutar la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anuló la ampliación de capital de 2003. La Junta quedó constituida en segunda convocatoria, dado que el día anterior en primera convocatoria sólo comparecieron los accionistas minoritarios representados por Señales de Humo, no pudiéndose constituir la Mesa por inasistencia de los cargos que deberían haber estado presentes, lo que implica un evidente defecto formal.
A la Junta de Accionistas acudió la asociación Señales de Humo en representación de los aficionados accionistas minoritarios del club que le otorgaron su representación, toda vez que para participar en la Junta es necesario poseer o representar 2.422 acciones por lo que los minoritarios ven imposible acudir a la Junta si no es agrupando las acciones.
El
orden del día de la Junta incluía la aprobación del Informe sobre la situación generada por el procedimiento judicial finalizado por la sentencia nº 697/2013 de la Sala Primera del Tribunal Supremo que anuló las ampliaciones de capital aprobadas en 2003 por fraude de ley perpetrado por la familia Gil y Enrique Cerezo. El citado informe valora en 21,50 euros las acciones, emitidas y desembolsadas íntegramente en su día por los accionistas minoritarios al precio de 49,88 euros y, por consiguiente, el club reconoce una deuda total con los accionistas de 10.407.268,50 euros; que sólo será devuelta a los accionistas víctimas del fraude, cuando el Atlético de Madrid SAD dote una reserva por esa cantidad. El Consejo no acertó a determinar cuándo estará en disposición de hacerlo.
El segundo punto del orden del día consistió en la aprobación de una ampliación de capital a la que podrán acudir sólo aquellos accionistas que todavía ostenten tal condición y solo si hubiera acciones sobrantes se pondrían a disposición de los accionistas víctimas del fraude de 2003. Preguntado por los representantes de ASdH, el Consejo se negó a emitir recomendación a los accionistas sobre acudir a esta ampliación, algo que sí hizo en 2003 al dirigirse por carta a los accionistas invitándoles a participar, con el resultado para aquellos que confiaron en el Consejo de una pérdida del 85% de su inversión en unos meses.
La asociación Señales de Humo votó en contra de ambos puntos del orden del día por entender que son lesivos para el Club y para los aficionados accionistas a los que representa y el enésimo parche con el único fin de perpetuar el ilegítimo control del club por la familia Gil y Enrique Cerezo. ASdH pone en duda la conveniencia social de la ampliación, toda vez que para dotar las debidas reservas y resarcir a los accionistas víctimas del fraude bastaría con que la familia Gil devolviera al club los 102 millones de euros que entiende adeuda bajo diferentes conceptos: la condena por estafa que recayó sobre Miguel Ángel Gil por el conocido como "Caso Negritos", la remuneración ilegítima como Consejero de este, el impacto de las actas de inspección resultantes del conocido como Caso Van Doorn (separata sobreseída del Caso Atlético, y sede de la empresa que Francisco Correa utilizara en la trama Gürtel para desviar 12 millones de euros en fechas coincidentes con el pistoletazo de salida de la operación del Calderón en diciembre de 2004), además de los intereses de mora por estos conceptos y por la deuda proveniente de las acciones no desembolsadas desde 1992 a 2003.
Por último, los representantes de la asociación en la Junta solicitaron la separación de Miguel Ángel Gil del Consejo de Administración al incurrir en una causa de prohibición legal desde que fue condenado en firme por estafa contra el propio Club Atlético de Madrid. El resultado de esta votación fue negativo al votar en contra la mayoría accionarial, con la excepción del propio Gil Marín que se abstuvo.
La asociación Señales de Humo considera que lo aprobado ayer en Junta persigue eludir el fondo de la Sentencia nº 697/2013 de la Sala Primera del Tribunal Supremo y en breve emprenderá las acciones legales oportunas para que se repare la situación en sede judicial, de las cuales se ofrecerá cumplida información. La sociedad española no puede, ni debe, seguir mirando hacia otro lado ante determinadas formas de corrupción.