EFE. El juicio por la supuesta venta irregular del viejo estadio de Los Cármenes se retoma hoy con la declaración de los ocho acusados, siempre y cuando la Audiencia Provincial desestime la petición de las defensas de que se acuerde el sobreseimiento de la causa. Los letrados de los acusados, entre los que figuran tres antiguos directivos del Granada Club de Fútbol y cinco responsables de las más importantes inmobiliarias de Granada agrupadas en la sociedad Lazasur, basaron su petición –que se realizó durante el trascurso de la primera sesión de la vista oral, celebrada el pasado miércoles–, en la nulidad de la instrucción judicial, que se prolongó durante una década.
Durante esta primera sesión de la vista oral, las defensas consideraron “ineficaz” y “caótica” la investigación llevada a cabo por el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, y consideraron además que en este caso no existe “parte legitimada” para solicitar la apertura de juicio oral.
Las acusaciones particulares –ejercidas por el ex presidente del club, Alfonso Suárez, y por un grupo de socios y las únicas de este caso en las que no estarán presentes la Fiscalía ni el abogado del Estado– atribuyen a los encausados delitos de maquinación para alterar el precio del mercado, delito societario, estafa, delito contra la hacienda pública, prevaricación y falsedad.
El ex presidente del Granada Club de Fútbol considera que la operación de venta del antiguo acuestadio de fútbol –actualmente derribado y convertido en bloques de viviendas y en un aparcamiento– se hizo, entre otras irregularidades, sin la aprobación de la asamblea de socios y después de que los directivos del club inflaran la deuda real de la institución deportiva.
Demanda contra Lazasur. El club interpuso posteriormente una demanda contra Promociones Lazasur, que compró el estadio, en la que solicitaba la nulidad de la venta del estadio y a su vez que la empresa demandada pagara los perjuicios de dicha nulidad. La venta de Los Cármenes llegó a ser calificada por el juez instructor del caso como el resultado de una “trata de especulación” que concluyó en mayo de 1996 con la compra del solar y de la deuda del club de fútbol en subasta pública por Lazasur, una operación cifrada entonces en unos 2.000 millones de pesetas de la época, lo que supone doce millones de euros.