Y el General, compañeros, el General... Cuando guerreaba por los "submundos",hace ya casi un decenio...
ESPAÑA Viernes, 30 de julio de 1999
Gil estafó a los socios comprando el Atlético con créditos ficticios
La Fiscalía los acusa a él y a Enrique Cerezo «de idear una
estratagema» para simular el desembolso de 1.950 millones que no
llegaron a realizar - También acusa a Gil de haberse quedado con los
112 millones que aportaron los 3.124 socios que se convirtieron en
accionistas
EDUARDO INDA (director de marca en la actualidad)
MADRID.- Jesús Gil se hizo con el 94,5% del Atlético en 1992 sin ingresar una peseta en el capital social del club. El fiscal denuncia que esta presunta estafa fue posible gracias a una operación contable ficticia.
La
institución que preside Jiménez Villarejo va más allá. Considera
probado que, no contento con lograr el 94,5% -63% él, 31,5% Cerezo- del
Atlético por cero pesetas, Gil y Gil ingresó en una cuenta suya el
importe del 5,5% restante que habían comprado los socios por 112
millones.
Un total de 3.124 seguidores rojiblancos se decidió a invertir en su equipo comprando acciones de 8.000 pesetas cada una. Pero, a diferencia del presidente y el vicepresidente, sí abonaron el importe de sus títulos.
Estos
son los dos ejes de la querella por estafa y apropiación indebida que
el fiscal anticorrupción presentó el sábado pasado en la Audiencia
Nacional contra el presidente colchonero, su hijo Miguel Angel, el
vicepresidente Enrique Cerezo, y su abogado José Luis Sierra, entre
otros.
El titular del Juzgado de Instrucción seis de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, admitió a trámite la querella.
Estos
presuntos delitos habrían sido cometidos durante el proceso de
transformación del club del Vicente Calderón en Sociedad Anónima
Deportiva (SAD), que culminó el 30 de junio de 1992.
El
ministerio público es taxativo en su querella: «En contra de lo que
disponía la Ley del Deporte, el capital social del Atlético de Madrid
fue de cero pesetas».
El
modus operandi de Gil y Gil no fue, en contra de lo que pueda parecer,
un modelo de ingeniería financiera. Fue mucho más sencillo: «Ideó
una estratagema tendente a formalizar un desembolso ficticio de dicho
capital social, una apariencia documental que permitiese conseguir la
autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) para la
transformación en sociedad anónima».
El
CSD exigió a todos los clubes -excepto Barcelona, Real Madrid, Osasuna
y Athletic de Bilbao- que pasasen a ser sociedades anónimas en 1992.
La amenaza del descenso
El CSD fijó el capital del Atlético en 2.062 millones. Gil debía probar documentalmente que se había suscrito esta cantidad.
El castigo para los clubes que no se constituyeran en sociedad anónima era el descenso automático a Segunda División B.
Lo
primero que hizo el alcalde de Marbella, al que el fiscal vincula con
la Mafia, fue ir a Dorna, empresa de promoción del deporte que dependía
de Banesto.
El
regidor obtuvo el crédito de 1.300 millones en tiempo récord.
Curiosamente no se le «exigió garantía alguna» y el «prestamista no
asumió riesgo alguno».
El
firmante de la querella, el fiscal Carlos Castresana, aclara estas
aseveraciones: «De antemano estaba previsto que el dinero no saliera en
ningún momento de la oficina de la calle de Génova del Banco de Vitoria
[filial de Banesto y, evidentemente, ligado al prestamista, Dorna]».
Carlos
Castresana añade en su escrito que las «idas y venidas» de los fondos
prestados «se iban a reducir a una serie de anotaciones de cargos y
abonos en las distintas cuentas utilizadas».
Consumó
su objetivo, detentar el 63% del capital y que el CSD otorgara el
plácet, gracias a que el banco «le libró la certificación que el
querellado necesitaba».
Gil y Gil adquirió supuestamente el 63% por 1.300 millones, que fueron a parar a la cuenta que había abierto a su nombre -no a nombre del club- bajo el epígrafe: «Atlético de Madrid en transformación en SAD».
Dorna
le dio un resguardo de ingreso que sirvió a Gil y Gil para obtener el
nihil obstat del Consejo Superior de Deportes en la noche del 30 de
junio de 1992, minutos antes de que venciera el plazo.
Gil y Gil ordenó la devolución del dinero 48 horas después. «El préstamo había durado dos días», subraya con ironía la querella.
«En realidad», destaca la querella, «no
había aportado nada pero disponía de un resguardo que aparentaba que sí
lo había hecho. Los 1.300 millones supuestamente satisfechos no
llegaron nunca a las cuentas del club».
La
Fiscalía Anticorrupción imputa la autoría de una operación «análoga» a
Enrique Cerezo, el productor cinematográfico que hace las veces de
lugarteniente de Gil en el Atlético de Madrid.
Cerezo
ordenó la apertura de una cuenta corriente en el Credit Lyonnais de
Madrid, bajo el título «Atlético de Madrid en constitución», el 30 de
junio de 1992. Ingresó 650 millones.
«Modus operandi» idéntico
El proceder de Cerezo es idéntico.
Castresana apunta que «consiguió un resguardo de ingreso, que
demostraba, aparentemente, que los fondos habían sido ingresados en el
club».
La
operación les salió redonda. La querella hace historia y recuerda que
«consiguieron in extremis la autorización para la transformación en
SAD».
Lo
mejor de todo es que el paso a sociedad anónima permitió al Atlético
librarse de la deuda histórica de 2.392 millones que tenía contraída
con Hacienda.
Los
112 millones satisfechos por los socios habían sido depositados en la
sede central del Banco Hispanoamericano de Madrid, que manejaba Gil y
Gil a su antojo en su condición de presidente y consejero delegado del
club. Estos fondos «tampoco pasaron a engrosar el patrimonio de la
recién creada sociedad anónima».
¿Adónde
fue a parar el dinero de la masa social atlética? Lo explica la
Fiscalía Anticorrupción: «El querellado ordenó transferir el importe
íntegro de las cantidades depositadas por los socios, ya accionistas, a
otra cuenta de su titularidad [Promociones Futbolísticas]».
El
fiscal resume el destino de las cantidades ficticiamente desembolsadas
a favor del Atlético de Madrid SAD: «Fueron a Dorna por la devolución
del préstamo y las restantes, las de los socios y la de Cerezo, se
desviaron para quedar en poder de Gil».
También
desmonta la habitual tesis de Gil y Gil, que asegura que no se apropió
del dinero de los socios sino que se limitó a recuperar el dinero que
había puesto para fichar jugadores.
«Todos
los reconocimientos de deuda no se correspondían con la realidad puesto
que el Atlético había ido devolviendo a Gil las cantidades prestadas
por éste al equipo para la adquisición de jugadores», corrige el fiscal.
No
había, por tanto, deuda alguna que reconocer. Pero Gil volvió a las
andadadas. Poco después, «quiso que la Asamblea del Atlético le
reconociese una deuda de 1.986 millones». El acusador público certifica
que estas cantidades reconocidas a Gil «estaban contabilizadas y
pagadas».