El Ayuntamiento de la capital, gobernado por Manuela Carmena (Ahora
Madrid), ha puesto esta mañana en duda la “viabilidad real” del traslado
de Atlético de Madrid al estadio de La Peineta, y ha dejado en el aire
("es imposible hacer estimaciones") la fecha de finalización de las
obras y de la mudanza, prevista por el club de fútbol para junio de
2017. El motivo, tal y como adelantó EL PAÍS, es el enfrentamiento entre los anteriores gobiernos municipal y regional
(ambos, del Partido Popular) sobre los costes urbanísticos de la
operación para el club, lo que llevó en primavera a la retirada del
planeamiento previsto. Eso impide ahora, entre otras medidas, conceder
licencias necesarias para finalizar la obra. En el aire está, en caso de
que el Atlético no pueda concluir su mudanza, una indemnización a cargo
de las cuentas públicas superior a los 200 millones de euros.
El entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (Partido Popular),
presentó en julio de 2004 el proyecto para convertir el campo municipal
de La Peineta en estadio olímpico. Para asegurarse de que la instalación
tuviera uso después de los Juegos (que la capital nunca consiguió
organizar), Gallardón firmó en diciembre de 2009 un convenio con el
Atlético para que abandonara el estadio Vicente Calderón y se mudara al
nuevo campo construido en una parcela municipal del distrito de San
Blas. La fecha prevista para ese traslado era 2012, aunque fue
retrasándose al ritmo de los sucesivos fracasos olímpicos y por la
crisis económica, hasta fijarse en junio de 2017.
Aquel convenio obligaba al Atlético a comprar o alquilar el suelo
donde se iba a levantar La Peineta —el antiguo estadio que había ya
construido se valoró en cero euros por su “importante estado de
deterioro”, y se acordó su derribo—. La parcela municipal, de 88.150
metros cuadrados, fue tasada en 41,2 millones de euros. El club debía
además construir el nuevo campo, con 73.000 asientos (20.000 más que el
Calderón) y valorado en 195 millones.
El convenio acordó entregar al club la parcela municipal de San Blas
en régimen de concesión hasta abril de 2017 para efectuar las obras. Una
vez finalizadas éstas, el Atlético podría comprar la parcela y
convertirse así en propietario de su estadio. El precio estipulado en el
convenio ascendía a 41,2 millones de euros, pero recientemente se
actualizó mediante una tasación a 44,5 millones. A esa cantidad hay que
descontarle 4,4 millones por la instalación en la parcela de una base de
los servicios de emergencia municipales; y 6,2 millones abonados ya al
Ayuntamiento por el club mediante la entrega de 126.395 entradas para
partidos de fútbol entre 2009 y 2014 (una fórmula prevista en el
convenio).
Pero, para formalizar la venta de la parcela municipal al Atlético,
era necesario antes cambiar el planeamiento urbanístico; el terreno
estaba calificado como de uso público deportivo, y por tanto no podía
ser enajenado. La modificación urbanística impulsada por el Ayuntamiento
la convertía en suelo deportivo de uso privado, pudiendo ser adquirida
así por el club. Pero a la hora de aprobar la modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana del ámbito de La Peineta, el
Ayuntamiento se encontró con que el Gobierno regional discrepaba sobre
las cargas urbanísticas que debía abonar el club. Según los cálculos de
la Comunidad, el precio se elevaba a 78 millones, casi el doble de lo
acordado con el Ayuntamiento. El Atlético decidió entonces paralizar la
operación urbanística.
Tal y como ha explicado esta mañana el gobierno municipal (desde
junio, en manos de Ahora Madrid), la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana fue aprobada de forma definitiva por el
Ayuntamiento a inicios de 2015, y en febrero fue remitida a la Comunidad
de Madrid para su validación. Pero el Gobierno regional, entonces en
manos de Ignacio González y ahora de Cristina Cifuentes (ambos, del
Partido Popular), “mostró su desacuerdo con la propuesta municipal en lo
relativo a las medidas compensatorias que se fijan en la Ley del Suelo
por la desafectación de 88.000 metros cuadrados”. “El Ayuntamiento
contestó que en ningún caso se producía la supresión de una dotación
porque se mantenía como equipamiento deportivo privado, y consideró que
no era necesaria esa compensación. Pero, ante el mantenimiento del
criterio de la Comunidad, el Ayuntamiento reclamó el expediente para su
estudio”, ha añadido el gobierno municipal hoy.
Queda pendiente de otorgar la licencia de cubierta y urbanización
complementaria pero, “en ese marco urbanístico, es inviable” concederla.
Por tanto, según el gobierno municipal “es imposible hacer estimaciones
ciertas tanto sobre la finalización de la obra como sobre el traslado”.
“Resulta necesario, de cara a clarificar la actuación del Ayuntamiento
una vez que se han producido los cambios políticos correspondientes
tanto en la concejalía de Desarrollo Urbano como en la consejería
regional de Medio Ambiente, concertar entre ambas instituciones cuál es
la viabilidad real de la modificación urbanística y estudiar las circunstancias, compromisos y plazos”, ha concluido el gobierno local esta mañana.
El convenio firmado en 2009 prevé dos alternativas en caso de que el
Atlético no pueda hacerse en propiedad con la parcela. La primera es que
se mude a La Peineta en régimen de alquiler: el estadio sería
municipal, y el equipo pagaría un canon anual de 1,6 millones durante
los próximos 75 años. Esta opción ha sido descartada por el club. La
otra opción es que se quede en el Calderón y sea indemnizado por el
Ayuntamiento por la construcción del estadio con una cantidad que
superaría los 200 millones. El club apuesta por hacerse con la propiedad
del estadio, pero tiene la sartén por el mango en esta negociación
política, que tiene una fecha límite: finales de 2016.