En el Palacio de Cibeles, un insignificante calendario adquiere hoy una importancia desmesurada. Ana Botella necesita borrar del imaginario de los madrileños muchas de sus torpezas, empezando por la nefasta gestión del Madrid Arena, un drama que todavía amenaza con torturar a la alcaldesa durante mucho tiempo. La salvación: las Olimpiadas de 2020. Por eso interesan tanto las fechas: 7 de septiembre, elección de la sede en Buenos Aires; 30 de mayo, presentación oficial de la candidatura española en San Petersburgo; y del 18 al 21 de marzo, la última visita del Comité Olímpico Internacional (COI) a Madrid para examinar las instalaciones.

Aunque las dos primeras fechas parecen ser las más cruciales para Madrid2020, la tercera, la de la visita del COI dentro de un mes, trae de cabeza al equipo de Botella. Y es que hartos de los tajos presupuestarios, las congelaciones salariales o las no reposiciones de puestos de trabajo, buena parte de los empleados del Ayuntamiento ha decidido pasar a la acción saboteando la inspección. Así, los sindicatos y los propios trabajadores siguen el rastro del comité para perseguirlo durante los tres días y dejarle claro que Madrid es una urbe levantada en armas contra los recortes. Otra Atenas aún sin JJOO.

Como Rajoy a Bárcenas, Botella ha encadenado su desastrosa gestión a los Juegos 

Hay gremios especialmente enfadados con las políticas de Botella, que van más allá de sus tropiezos verbales y de siniestros macrofestivales. Bomberos, Emergencias (Samur) y Policía Local vivieron protestas insólitas a lo largo de 2012 por los recortes y las amenazas de despidos. Las tres jefaturas –ayer fueron oficialmente unificadas mediante la creación de un Mando Único en el área de Seguridad- suman uno de los colectivos más numerosos, con más de 10.000 personas entre todos los organismos. Y varios de los sindicatos que los representan contemplan echar abajo los sueños olímpicos: en su tercer asalto, la capital tiene una deuda impagable (más de 7.000 millones de euros), decenas de proveedores sin cobrar y menos servicios.

En algún caso Botella ha retrocedido: hace seis días, el Consistorio cedió a las mejoras demandadas por representantes policiales a cambio de su disponibilidad para eventos como los Juegos. Los agentes amenazaron abiertamente con enseñar sus quejas a los enviados del COI, un paso ante el cual la regidora tembló. Pero la batalla no está ganada ni en la Policía Municipal ni mucho menos entre bomberos y Samur, aseguran casi todos los sindicatos consultados. La idea de protestar ante los emisarios ha corrido como la pólvora y muchos cuadros ya solo piensan en la logística, en cómo seguirles y hacerse ver.

Bomberos, Samur, Emergencias o Instalaciones Deportivas, en pie de guerra. 

También anda agitada la red de Instalaciones Deportivas, con 3.000 trabajadores. La plantilla ya ha protagonizado sonoros encierros y muchos otras acciones, y coincide en que la ocasión más eficaz para reivindicar es la llegada del COI.  

Los promotores de la iniciativa entienden que el termómetro popular no es el mismo que cuando las candidaturas de 2012 y 2016. Es toda una evidencia que el fervor que inspiraron los anteriores concursos olímpicos se ha diluido considerablemente. “Contamos, claro, con que el apoyo de los madrileños ha bajado mucho”, cuentan responsables sindicales. Quizás como Rajoy a Bárcenas, Botella ha encadenado su obstaculizada gestión, que incluye una cascada de ceses y reordenaciones de personal, a los Juegos de 2020. Por eso puede interesarle pactar estos días. 

Cuanto más se acerca la fecha de llegada de la comitiva del Comité Olímpico Internacional (COI) a Madrid más parecen crecer los problemas alrededor de la candidatura olímpica de la capital española a los Juegos del año 2020. El último, la querella penal contra los responsables políticos del Ayuntamiento de Madrid que presentará en los próximos días la Federacion Española de Tenis.

El organismo que preside José Luis Escañuela denunciará el concurso por el cual la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec)  -tristemente famosa por la tragedia del Madrid Arena- adjudicó la explotación de la Caja Mágica a Madrid Trophy Promotion (MTP), compañía del polémico empresario y exjugador de tenis rumano Ion Tiriac.

Siguiendo la teoría del Consejo Superior de Deportes (CSD), que aboga por entregar la gestión de las instalaciones deportivas públicas a las federaciones, el Consistorio madrileño puso en manos de la Federación de Tenis de Madrid la Caja Mágica, un recinto faraónico en el que Alberto Ruiz Gallardón, exalcalde, enterró más de 300 millones de euros. Pero la enorme deuda contraida, unos 200.000 euros, fue inasumible por la Federación Madrileña, así que en marzo de 2012 el organismo que presidía Miguel Díaz sacó de allí su escuela de tenis entre acusaciones cruzadas de falta de transparencia e impagos.

El Ayuntamiento decidió entonces sacar a concurso dicha gestión y, a través de Madrid Espacios y Congresos, se le adjudicó a MTP el uso y explotación del recinto hasta 2017.

Sin embargo, según publicó el diario 'El Mundo' en diciembre, María Cabeza Quirós, directora de Operaciones de Madridec, elaboró presuntamente unas bases a la carta para que la empresa elegida en el citado concurso no pudiese ser otra que la de Tiriac. Según dichas informaciones, Cabeza Quirós incluso preparó con Madrid Trophy Promotion parte de las bases para que no hubiese margen posible de error.

El pasado 18 de diciembre, la directora de Operaciones de Madridec fue suspendida de sus funciones por la posible adjudicación fraudulenta de la gestión de la Caja Mágica. A la Federación Española de Tenis, que pugnó con Tiriac en ese concurso presuntamente teledirigido, no le basta con eso. De ahí que ahora presentará querella criminal contra el Ayuntamiento que preside Ana Botella.

La alcaldesa de Madrid ve cómo se le abre otro frente, esta vez judicial, que afecta de lleno a Madrid 2020. Botella ha mostrado en los últimos días su preocupación por el anuncio de los trabajadores municipales quienes, a propuesta de la sección sindical del Ayuntamiento, perseguirán todos los días (del 18 al 21 de marzo) a los miembros del COI como protesta contra los despidos, las subidas de precios e impuestos y las privatizaciones emprendidas por la edil del PP.