Así lo asegura el fiscal Carlos Castresana en el escrito que entregó al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo en respuesta al informe del interventor del club, Luis Romasanta, que propuso que se levantaran las medidas cautelares que pesan sobre el Atlético «a la vista de la experiencia observada en la actividad ordinaria» del mismo, «que refleja una normalidad en su gestión».
Devolver a Gil el control del club «sería tanto como hacer depositario y beneficiario al imputado de cualquier delito contra la propiedad del productor ilícito de su conducta delictiva», señala el fiscal, que añade que «corresponde ahora al magistrado instructor ser coherente con sus propias resoluciones» y que «la intervención judicial debe ser mantenida».
Castresana dice que «la constatación de que, durante el periodo de intervención, los imputados no han reincidido en las conductas anteriores, no puede llevar a la conclusión de que hay que alzar la medida, sino todo lo contrario: es la demostración de su eficacia».
«No se trata de premiar a los imputados por no haber delinquido mientras han estado vigilados. Se trata de mantener la vigilancia para asegurarse de que no reinciden», agrega.
El fiscal admite que «probablemente es cierto», como señaló Romasanta, que el Atlético es el único club de España sometido a intervención judicial, pero añade que «no es menos cierto que se trata del único club, que sepamos, que se encuentra en la situación de que quienes pretenden ser sus propietarios en un 95% no lo son en realidad».
Además, como Romasanta dijo en su informe que a las mejoras que ha experimentado el Atlético «no es ajeno» el hecho de la intervención, y dado que los resultados económicos y empresariales del año de intervención judicial «parecen excelentes», Castresana se pregunta «¿por qué el interventor interesa entonces que se alce una medida que está resultando tan saludable para la empresa?».
El fiscal afirma también que el informe de Romasanta «rebasa ostensiblemente los términos del encargo conferido por el Juzgado», y que al proponer el levantamiento de la intervención y la adopción de medidas alternativas «asume, de hecho, una posición de parte procesal que corresponde a la postulación de los imputados».
Rechaza, por tanto, la sustitución de la intervención por un «control financiero posterior», que califica que «ilusorio» porque «dicho control tendría que realizarse sobre la información financiera que facilitaran los imputados, quienes precisamente están imputados por haber falseado sistemáticamente las cuentas del club desde 1992».
Asimismo, asegura que «sorprende» que un miembro de la Intervención General del Estado como Romasanta diga que, debido a la intervención judicial, el Atlético «actúa en desventaja dentro del sector», y se pregunta «¿qué estima el interventor que podría o debería hacer el Atlético que no pueda hacer por estar intervenido?».
Castresana justifica su petición de mantener la intervención diciendo que las acciones del Atlético en poder de los Gil, que representan aproximadamente el 95% del capital social del club y de las que presuntamente se apropiaron sin pagar su precio, «son el cuerpo del delito (...) y como tal corresponde al Juzgado su conservación a resultas del procedimiento». Por último, recuerda que, hace sólo once días, al concluir la investigación, el juez estimó indiciariamente acreditadas «múltiples conductas delictivas de los imputados», por las que acusa a Gil, a su hijo Miguel Angel y al vicepresidente del club Enrique Cerezo de delitos societarios, de apropiación indebida, falsedad documental y otorgamiento de contratos simulados.