El Gobierno regional, que preside Ignacio González (PP), ha
introducido en el proyecto de Ley de Patrimonio Histórico un párrafo de
55 palabras que, en caso de ser refrendado por la Asamblea (en la que el
PP tiene mayoría absoluta), desbloqueará la principal operación
inmobiliaria en la almendra central de la capital, y permitirá que el
Atlético de Madrid consiga un nuevo campo de fútbol y la ciudad un
estadio olímpico.
El párrafo en cuestión es una disposición transitoria que modifica la
Ley 3/2007 de Medidas Urgentes de Modernización, suavizando la
prohibición adoptada por la ex presidenta regional, Esperanza Aguirre,
de construir edificios de más de cuatro plantas.
El recorrido legal es complicado, así que vayamos por partes.
Aguirre introdujo en la norma de 2007 un artículo, el 13, que
modificaba la Ley del Suelo de la Comunidad, aprobada en 2001 por
Alberto Ruiz-Gallardón (PP). Decía así: “No podrá edificarse con una
altura superior a tres plantas más ático (…). No obstante, los
Ayuntamientos podrán autorizar la construcción de edificios singulares
con una altura superior, cuando concurran circunstancias especiales
debidamente apreciadas y motivadas. Cuando esta autorización suponga la
modificación del planeamiento vigente, será preciso el informe previo y
favorable [de la Comunidad]”.
Para mitigar el impacto, Aguirre incluyó una disposición transitoria:
la limitación sólo sería de aplicación en los planes urbanísticos
aprobados a partir de la entrada en vigor de la norma. Es decir, todos
aquellos que ya contaran con el visto bueno municipal, aunque fuera
provisional, podrían seguir adelante como si nada.
Este cambio legal se llevó por delante de forma involuntaria la
conocida como Operación Calderón. El Ayuntamiento de la capital había
firmado en 2008 un convenio con el Atlético para que el club se
trasladara al estadio de La Peineta, en el distrito de San
Blas-Canillejas. Ganaba así un campo nuevo de 73.000 asientos, 20.000
más de los que tiene ahora, que construiría Fomento de Construcciones y
Contratas (FCC) con un coste estimado de 160 millones.
La operación, que no reportaría beneficios económicos al club —aunque
en un primer momento lo diera por seguro—, se completaba con la
demolición del Vicente Calderón y de la antigua fábrica de cerveza
Mahou, para que FCC hiciera allí 2.000 viviendas y 160.000 metros
cuadrados de zonas verdes. Además, la constructora soterraría el último
tramo de la M-30 para completar el parque de Madrid Río. Al Ayuntamiento
y al Atlético les saldría gratis. FCC costearía las obras (el contrato
firmado con el club preveía un gasto de 218 millones, más 41 por la
parcela) con la venta de los pisos.
La operación lleva paralizada prácticamente desde la firma del
convenio en 2008. La fábrica de cerveza se ha demolido —Mahou optó por
una política de hechos consumados—, pero el Calderón sigue siendo el
estadio del Atlético. En La Peineta, las obras marchan a medio gas,
siendo generosos, a la espera de conocer la decisión del Comité Olímpico
Internacional. Contribuye a todo esto el pinchazo de la burbuja
inmobiliaria: a FCC tampoco le urge sacar adelante la operación, toda
vez que tendrá que adelantar el dinero y sólo hará caja con la venta de
los pisos, al final. Y eso, si el mercado remonta entre tanto.
El Ayuntamiento y la Comunidad aprobaron la modificación urbanística
en 2009, permitiendo tirar abajo el estadio y la fábrica para construir
torres de hasta 17 alturas, es decir, muy por encima del límite legal
fijado en 2007. Pero el Tribunal Superior estimó en enero de 2012 un
recurso que bloqueó la operación. Consideró que no se habían motivado
debidamente las circunstancias especiales que, según la ley de Aguirre,
permitirían hacer esta excepción.
Tras conocerse la sentencia, Aguirre saltó con que la ley no se
cambiaría, mientras que González, en ese momento su vicepresidente,
templó gaitas y afirmó que la Comunidad haría “todo lo posible” por
solventar el problema. La sentencia se recurrió en todo caso ante el
Supremo, alegando precisamente la disposición transitoria de la ley de
2007. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid data de 1997, es
decir, es anterior al cambio de 2007, y según el Ayuntamiento la
Operación Calderón es sólo una modificación puntual, por lo que no debe
verse afectada por la limitación de alturas.
Pero por si acaso el Supremo no lo viera así, y, sobre todo, para
evitar la inseguridad jurídica que supone estar pendiente del recurso de
casación durante años, la Comunidad quiere resolver de un plumazo la
cuestión con su arma más poderosa: la capacidad legislativa. Así, en el
anteproyecto de Ley de Patrimonio, que podría concluir su tramitación
parlamentaria en verano, se añade un nuevo párrafo a la disposición
transitoria: “En todo caso, no será de aplicación dicha limitación al
suelo que estuviera clasificado como urbano antes de la entrada en vigor
de la ley 3/2007, ni a las futuras modificaciones o revisiones de
planeamiento que se tramiten sobre el mismo ni a los instrumentos de
planeamiento de desarrollo que afecten a dicho suelo”.
Así pues, la limitación de alturas de Aguirre no afectará al suelo
que ya era urbano al aprobarse la ley, hágase lo que se haga con él. El
diputado regional Modesto Nolla (PSM) cree que, al mantener “por
obcecación” el “disparate” de Aguirre, González se ha “visto obligado a
improvisar un nuevo remiendo a ese despropósito”, cuando “lo único
sensato que podría hacerse es derogar la esperpéntica limitación de
alturas que Aguirre se sacó de la manga”.
Si finalmente se aprueba el anteproyecto en su redacción actual,
Fomento de Construcciones y Contratas podrá construir sus torres junto
al río Manzanares. El Atlético ganará un campo nuevo que, según su
presidente, Enrique Cerezo, podría estrenar en verano de 2015. Y la
ciudad tendrá, por si finalmente le hace falta, un estadio olímpico