Suspicacia nada gratuita
Como los opinantes de los medios de comunicación continúan avalando la venta del estadio del Atlético de Madrid, y como a los que disiden les suele caer un granizo de anatemas, me gustaría precisar qué es lo que a uno no le convence de dicho negocio. Hablo por mí; no represento a nadie.
En algún lugar del protocolo de intenciones figura la siguiente cláusula: "El Ayuntamiento de Madrid se compromete a realizar las actuaciones que permitan formalizar una cesión del uso del Estadio de Madrid, a favor del Club Atlético de Madrid, S.A.D., y la transmisión al mismo de la propiedad en 2016 (que incluirá el aparcamiento, los accesos necesarios y la urbanización perimetral del Estadio). Para dicha transmisión resultará necesario obtener la modificación de planeamiento oportuna que desafecte del dominio público dicho Estadio, calificándolo como equipamiento deportivo privado".
Sobre el papel, la cosa no admite dudas: el Atleti, de llevarse a cabo la operación "Mahou-Vicente Calderón", sería dueño de un nuevo estadio en 2016. Como resulta que en otros artículos del citado documento se establece una prelación en las actuaciones, según la cual lo primero sería acabar "La Peineta" y después demoler "El Manzanares", nada habría que objetar tampoco desde el punto de vista de las exigencias deportivas, pues en ningún caso se correría el riesgo de que el primer equipo de la institución no dispusiese (durante semanas o meses) de un campo dónde disputar los partidos cuando actuara como local. Y es incomprensible que haya llegado a hablarse de la posibilidad de que el Atleti a tal fin tuviera que buscar otro sitio (los morbosos prefieren el Bernabeú), en el supuesto de que no lograra terminar a tiempo las obras de "La Peineta", ya que el protocolo, por lo que se refiere a este asunto, es diáfano…"Los interesados se comprometen a realizar las actuaciones que permitan la demolición de las instalaciones del estadio Vicente Calderón en la fecha que se determine en el Convenio Urbanístico a suscribir para el desarrollo del presente documento. La referida fecha deberá ser en todo caso posterior a la finalización de las obras de adecuación del Estadio de Madrid" (el subrayado es mío).
Ahora bien, en ninguna parte se especifica el aforo último de La Peineta. Hemos oído, hemos leído, que habrá unos 75.000 asientos, pero no nos consta de manera fehaciente. Sí, en cambio, la cantidad máxima a desembolsar por la parte contratante de la primera parte, que dirían los Hermanos Marx: "El Club Atlético de Madrid sufragará hasta un máximo de 160.000.000 € la reforma del Estadio de Madrid para convertirlo en Estadio Olímpico y su adecuación para la práctica del fútbol".
¿Significa esto que los 160 millones determinarán el número de localidades del Estadio de Madrid o que el Ayuntamiento correría con el sobrecoste, si los 160 kilos no alcanzasen para dotar a la nueva instalación de una capacidad justificadora del traslado?
No obstante, el principal motivo de desconfianza no proviene de los cabos sueltos del protocolo de intenciones sino del hecho de que uno de los signatarios del mismo (y presumiblemente del acuerdo que pudiera firmarse) sea División Inmobiliaria del Atlético de Madrid S.L., la propietaria real del Vicente Calderón, empresa que suscita más de un recelo, pese al apellido (o precisamente a causa de él), porque tal apellido no significa que la empresa pertenezca al club. Digámoslo de una vez: habida cuenta de los precedentes, no veo qué impediría a Gil Marín privar al Atleti del nuevo estadio, alquilar después a la entidad el uso de las instalaciones y embolsarse el producto de los negocios que presumiblemente se alojarían en la mole del edificio: concesionarios, minicines, restaurantes, boutiques, etc.
O sea, no cuesta imaginar al Atleti reducido a cuatro fuentes de ingresos (taquillas, abonos, televisión, mercadotecnia y publicidad estática) y devorado por las deudas, mientras los okupas lo desahucian para forrarse con los negocios paralelos, y ello después de haberle endosado la factura de "La Peineta".